Castilla-la Mancha es una de las cuatro comunidades autónomas donde se están detectando casos más graves en la atención a población inmigrante

Médicos del Mundo denuncia el caos existente tres meses después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria

Los tres colores del semáforo califican la respuesta de las autonomías a la hora de aplicar la reforma sanitaria que excluye a las personas inmigrantes no regularizadas del sistema público de salud.

Rojo, amarillo y verde. Así, con los colores de un semáforo, ha calificado Médicos del Mundo el estado de implantación de la reforma sanitaria en cada una de las comunidades autónomas. Una implantación que ha sido muy heterogénea territorialmente hablando, ya que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 –es decir, cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han combatido la legislación discriminatoria incluso en los tribunales.

El documento otorga el color rojo a las regiones que aplican a rajatabla el Real Decreto Ley 16/2012 que excluye a las personas inmigrantes no regularizadas del sistema público de salud y únicamente aseguran formalmente la atención de emergencia, a menores y embarazadas. Algunas de estas regiones incluso han ido más allá de lo que marca el RDL en materia de vulneración de derechos. Por ejemplo, otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia o incluso negando la atención a menores o mujeres embarazadas.

El amarillo va destinado a las comunidades que aplican la norma pero que han articulado un procedimiento de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos. El verde se otorga a los ejecutivos autónomos que rechazan la aplicación del RDL, -llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo- y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia a este colectivo en todas las circunstancias.

El mapa documenta lo que está ocurriendo en cada comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista del posicionamiento político como en la práctica diaria. Todos los datos quedarán incluidos en la web www.derechoacurar.org

Castilla- la Mancha es, junto a Aragón, Baleares y Madrid, la comunidad en la que más casos y de más gravedad se han recogido.

En septiembre de 2012, el consejero de Sanidad, en una intervención ante los medios de comunicación, aseguró que Castilla-la Mancha cumpliría con «rigor, eficacia y eficiencia» la nueva legislación sanitaria sobre la atención a personas ‘sin papeles’, aunque pretende dar «un paso más» y atender a personas que no sean beneficiarias de tarjeta sanitaria y ya estén en tratamiento crónico, advirtiendo que “ninguna persona que lo necesite quedaría desasistida” (Europa Press, 18 de septiembre 2012).

Sin embargo, cuando se cumplen ya tres meses desde la entrada en vigor del RDL,  el gobierno regional no ha presentado ninguna comunicación formal dando a conocer las medidas definitivas o procedimientos de aplicación de la ley, lo que ha creado gran confusión entre las personas usuarias y descoordinación en los centros sanitarios, provocando derivaciones a pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a embarazadas y menores…