Al menos tres organismos internacionales han pedido la rectificación del Gobierno español desde la aprobación de la reforma sanitaria
– Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Red Acoge y el Center for Economic and Social Rights exigen al Gobierno español la evaluación y publicación de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis y un análisis del impacto del Real Decreto Ley 16/2012.
Acto simbólico previo a la entrega de firmas de la Campaña Derecho a Curar.
El Comité que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales ha publicado las conclusiones de la revisión periódica de los informes nacionales de los países miembros del Consejo de Europa, respecto al nivel de cumplimiento de los estados sobre el derecho a la salud y a la protección social.
La evaluación del Comité sobre la situación del derecho a la salud en España destaca que el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 y el Real Decreto (RD) 1192/12 son contrarios al artículo 11 de la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. Asimismo, le ha recordado al gobierno español que “los estados tienen obligaciones positivas respecto al acceso a la sanidad de las personas migrantes con independencia de su estatus administrativo.” El Artículo 11 de la Carta Europea obliga a asegurar el acceso universal a la salud, es decir que el sistema de salud sea accesible a toda la población sin discriminación alguna.
El Comité advierte que si España mantiene el RDL 16/2012 y el RD 1192/12, no habrá forma de mostrar, en la próxima revisión del informe estatal, que la situación del derecho a la salud se ajusta a las disposiciones de la Carta Social Europea.
Frente a las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, instamos al Gobierno a modificar las leyes que contravienen la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud y a poner fin al retroceso de los derechos sociales de todas las personas que viven en el territorio español con independencia de su situación administrativa y sin discriminación alguna, en concordancia con las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, y las recomendaciones sobre esta materia emitidas por otros organismos internacionales.
También instamos a las autoridades nacionales encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas de derecho internacional y europeo a las que se ha comprometido España en materia de derechos sociales a realizar una labor más eficaz en el escrutinio de las políticas y medidas adoptadas por el Estado.
El Gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionales. Desde que se aprobó la reforma sanitaria han sido varios los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han subrayado que ésta contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a España la modificación del RDL 16 para garantizar el acceso a la sanidad para todas las personas sin discriminación.
En mayo de 2012 lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien, al referirse a la reforma sanitaria, pidió al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en su territorio, cualquiera que sea su situación administrativa, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. En enero de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, recomendó la revisión de las medidas de reforma de la salud adoptadas en el contexto de la crisis económica para asegurar el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin importar su estatus migratorio.
La crisis económica no debe servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la salud de manera tal que afecte a la esencia misma de ese derecho. El Comité reitera que los gobiernos están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la Carta se garantizan con eficacia durante la crisis, periodo en el que las personas necesitan más de dicha protección.
En la misma línea el Comité reafirma lo que ya han establecido antes otros organismos supervisores de los tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de Europa: que los contextos de crisis económica no rebajan las obligaciones de derechos humanos de un estado y que los gobiernos deben analizar el impacto de las medidas que planean tomar en respuesta a la crisis, en particular el efecto sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, en consulta con las organizaciones pertinentes.
Al emitir las recomendaciones sobre España en mayo de 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recordó a todos los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, incluida España, los criterios que las políticas de austeridad y otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto: cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; debe ser estrictamente necesaria y proporcionada; la medida no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis. Finalmente, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en dicho Pacto.
Más recientemente, en diciembre de 2013, el Comisionado Europeo de Derechos Humanos Nils Muižnieks recordó en un informe reciente sobre el impacto de las reformas y medidas de austeridad sobre los derechos humanos en Europa, que los períodos de dificultades financieras, como el que experimentan España y otros Estados europeos no son situaciones de emergencia que conllevan automáticamente la restricción de los derechos sociales y económicos, y el deterioro de la situación de los grupos sociales vulnerables, sino que son oportunidades para ajustar sus sistemas nacionales de protección de los derechos humanos y mejorar la eficiencia de los sistemas nacionales de seguridad social y protección social.
Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Red Acoge y el Center for Economic and Social Rights continuaremos exigiendo que el Estado español cumpla con sus obligaciones internacionales, regionales y constitucionales en materia de derechos sociales, sobre todo en tiempos de crisis.
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