Centros públicos facturan las urgencias a los ‘sin papeles’

Durante los últimos días han llegado a las Sedes de Médicos del Mundo en diversas Comunidades Autónomas nuevos casos de vulneración de derechos que, en esta ocasión, se saltan incluso la normativa impuesta por el Real Decreto 16/2012: en concreto, la asistencia de urgencias, que sobre el papel sigue siendo gratuita y universal.

Desde hace meses, Médicos del Mundo viene denunciando no sólo la injusticia que supone la Reforma Sanitaria, que mediante el Real Decreto 16/2012 dejó desde el pasado septiembre a los inmigrantes en situación administrativa irregular fuera del sistema sanitario, sino también la notable descoordinación y poca claridad a la hora de llevar esta reforma a la práctica. Así lo atestiguaba el informe que lanzó Médicos el Mundo el pasado mes de diciembre, en el que se ponía de manifiesto que mientras algunos ejecutivos autonómicos han expresado su compromiso de seguir atendiendo a quien lo necesite, otros han aplicado estrictamente la exclusión, llegando en algunos casos a dificultar la atención incluso a niños y mujeres embarazadas o a personas que acuden a los servicios de urgencias, cuando en estos tres casos, incluso el Real Decreto sigue contemplando el acceso a los servicios sanitarios de forma gratuita.

Una persona es asesorada por el personal de Médicos del Mundo Navarra. Imagen de la Sexta Noticias del 25-2.

En esta circunstancia confusa se dan hechos insólitos, como por ejemplo el de personas sin papeles que reciben facturas de hospitales públicos después de haber tenido que acudir a las urgencias en estos centros. Varios medios de comunicación impresos, como El País o El Mundo, se están haciendo eco de ello. Pinchando aquí podéis ver algunos ejemplos de estas publicaciones: 1, 2, 3, 4. Ayer, la Sexta Noticias dedicaba un espacio a poner de relieve esta situación (minuto 7:35, vídeo 2).

Tal y como venimos denunciando desde hace meses en este blog, existen mitos que sirven de argumentos falaces para la justificación de esta reforma sanitaria excluyente. Uno de ellos es que el sistema sanitario público se financia con los impuestos directos que gravan el sueldo de los trabajadores, cuando en realidad se financia en su mayor parte con los impuestos indirectos que gravan la compra de bienes y con los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina, por  lo que las personas inmigrantes contribuyen a su mantenimiento tanto como las españolas de origen. Así lo explicaba nuestro compañero Miguel Reyero, vicepresidente de Médicos del Mundo en Illes Balears en el programa Salvados, de la Sexta, que se emitió el pasado domingo. Además, las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponen el 5% de los pacientes de atención primaria, contra el argumento infundado según el cual los inmigrantes hacen uso excesivo del Sistema Público de Salud, llegando a saturarlo.

Miguel Reyero en el programa Salvados emitido el 24-2

Médicos del Mundo defiende que la salud no puede ser un lujo porque es un derecho, y reclama el acceso a los servicios públicos de salud para todas las personas, sin discriminación alguna. Por eso esta organización, cuyo lema es «combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia», ha liderado la oposición a la reforma sanitaria junto con otras organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal. Esta posición se hizo más visible cuando lanzó su campaña Derecho a Curar en agosto de 2012, un mes antes de la entrada en vigor de la Reforma Sanitaria.

Factura de un servicio de urgencias, vía El Mundo

El gobierno justificaba la necesidad del Real Decreto 16/2012 aludiendo a una incapacidad de financiación del sistema sanitario tal y como lo conocemos por causa de la crisis económica. De este modo se pasó de una sanidad universal y gratuita a un sistema ampara a unos beneficiarios de la misma. El resto, los no beneficiarios, quedan excluidos de la atención sanitaria pública: en este caso, la población inmigrante en situación irregular , excepto para menores y embarazadas, y en los casos de servicios de urgencia.

Médicos del Mundo considera que la reforma es injusta, que no producirá ahorro económico  a largo plazo (puesto que la atención de urgencias es más costosa que la atención primaria), y que es peligrosa en términos salud pública, ya que dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un riesgo de extensión de enfermedades infecto contagiosas.

Como respuesta y reacción ante este panorama, Médicos del Mundo, que tiene presencia en 12 comunidades autónomas, realiza tres tareas clave: informa a las personas excluidas de sus derechos; les acompaña a los centros sanitarios para que los exijan y denuncia los abusos que se producen.

Una de las sedes involucradas es la sede de Madrid, a través de su proyecto “Derecho a la salud para todas las personas”, con el que se pretende la integración de la población más vulnerable en los Sistemas Públicos Sociosanitarios. Médicos del Mundo ha recogido muchos casos de personas a las que se ha negado la asistencia sanitaria o  se les ha exigido el pago de la atención en urgencias, a pesar de que la nueva normativa lo prohíbe. La organización canaliza los procesos de reclamación y denuncia de estos casos y facilita el acceso a los tratamientos necesarios.