Una farmacia de la calle Arjona de Sevilla lleva más de 20 años colaborando con Médicos del Mundo Andalucía en su proyecto de facilitar medicamentos a personas en riesgo de exclusión para contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas. Cuando en junio de este año, como consecuencia de la reducción de la financiación y del aumento de la demanda, la entidad se quedó sin fondos para continuar el proyecto, la farmacéutica Victoria Cano Gallego, propietaria de la farmacia desde 2021, no lo dudó y, a pesar del difícil momento económico actual, decidió asumir el gasto en medicamentos de las personas en riesgo de exclusión, una inversión que ronda los 1.500 euros mensuales. “Son personas sin recursos y si tenemos la posibilidad, debemos seguir ayudando, sobre todo porque después de tanto tiempo facilitándoles los medicamentos ya nos conocemos y son como de la familia”, afirma Cano Gallego.
Además de la atención médica y sanitaria, el derecho a la salud también incluye la medicación para la recuperación o la cura. Sin embargo, como explica Valentín Márquez, Coordinador de inclusión social de Médicos del Mundo Andalucía, “hay muchas personas en situación de exclusión social severa que no pueden pagarse los fármacos. Desde Médicos del Mundo y en colaboración con esta farmacia, intentamos que las personas puedan comprarse las medicinas para realizar su tratamiento y que puedan o bien curarse o bien mejorar su calidad de vida”.
De hecho, muchas de las personas usuarias de este servicio, cuyo perfil está compuesto principalmente por personas sin hogar (dentro de las cuales destaca un alto porcentaje de personas migrantes), necesitan medicación de manera constante ya que están afectadas por múltiples patologías, muchas de ellas crónicas y graves como pueden ser afecciones de corazón o de riñón. “Son problemas de salud muy graves para los cuales la medicación es fundamental”, sostiene Cano Gallego.
Aunque tanto Cano Gallego como su compañera Reyes Peña Fernández no dudaron en ofrecerse para invertir dinero, incluso aunque desde Médicos del Mundo no se lo habían pedido, y están seguras de que lo volverían a hacer si fuera necesario, ambas son conscientes de que no es su obligación asumir el gasto de las medicinas de personas en riesgo de exclusión social con el objetivo de hacer efectivo su derecho a la salud. “Lo ideal”, explica Valentín Márquez, “sería que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social se establecieran unas cuotas de pago de fármacos para personas en situación de exclusión. Mientras esto se pone en marcha, desde los servicios sociales se debe establecer un canal de urgencia para establecer una ayuda de emergencias para medicamentos, igual que existe para el tema de desahucios”. Sin embargo, la realidad es muy diferente pues desde el Estado se implementan pocas políticas de reducción del pago de fármacos por lo que el derecho a la salud acaba viéndose limitado para muchas personas que, por no tener ingresos, no pueden pagarse la medicación.
