Una ordenanza municipal que tendrá efectos negativos

Desde finales de los años ’90, en distintos municipios de España se han ido aprobando con cada vez más frecuencia ordenanzas que sancionan, entre otras prácticas, la prostitución callejera. Dichas normas se justifican con argumentos diferentes, que principalmente se relacionan con dos tipos de enfoques: por un lado, la promoción de los derechos humanos y la necesidad de proteger a las víctimas de trata y explotación sexual; por el otro, el concepto de convivencia cívica y cohesión social, que se basa en la preocupación por mejorar los entornos urbanos, hacer de los espacios públicos escenarios de conductas respetuosas y no conflictivas, y preservarlos como lugares de convivencia y civismo. El resultado son normas que van de la sanción de las personas en situación de prostitución, de los clientes o de ambos. 

Una mujer se acerca a la Unidad Móvil de MdM

En línea con esta tendencia, a mediados de octubre el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la elaboración de un borrador de ordenanza municipal que tiene como objeto la convivencia cívica y la cohesión social en la capital. Dicha ordenanza sanciona diferentes conductas, como pedir limosna cerca de centros comerciales, acampar en la vía pública o utilizar bancos para dormir.  Entre éstas, está también la demanda de servicios sexuales en los espacios públicos, que puede ser penada con multas. La ordenanza podría ser aprobada a principio del año que viene y por lo tanto entrar en vigor desde el 2014.

En cuanto salió la noticia, como Médicos del Mundo – Sede Autonómica de Madrid hemos empezado a considerar las consecuencias que las normas contenidas en la ordenanza pueden tener tanto en las personas en situación de prostitución como en la intervención que llevamos a cabo con este colectivo. Nuestra experiencia en el ámbito de la atención sociosanitaria a las PSP nos sitúa en una situación privilegiada para trabajar desde un punto de vista de incidencia política como de tutela de las personas afectadas: a lo largo de estos años, más de una vez hemos adecuado nuestra intervención a las transformaciones sociales y políticas que se han sucedido.

De hecho, el proyecto surge en 1992 como un proyecto de prevención de VIH/SIDA. En aquellos años, la mayoría de las personas en situación de prostitución eran españolas, y muchas de ellas jóvenes consumidoras de droga. Por lo tanto, el principal objetivo del proyecto era la reducción de daño, es decir, que las personas dispusieran de material preventivo (preservativos, jeringuillas…) y se realizarán las pruebas de detección del VIH. Con el tiempo, el perfil sociodemográfico y las dinámicas en el ámbito de la prostitución han ido cambiando y el proyecto ha evolucionado, adaptandóse a las nuevas realidades. Desde finales de los años Noventa, empieza a aparecer el fenómeno de la prostitución migrante y con ello nuevos desafíos, como nuevos tipos de barreras al Sistema Público de Salud, diferentes culturas con respecto al concepto de salud, hasta la trata de personas con fines de explotación sexual. El proyecto entonces se hace más ambicioso: más allá de la reducción del daño, la intervención empieza a abarcar temas como la prevención de la violencia de género, la detección y derivación de casos de trata, el uso del SPS y los derechos sexuales y reproductivos. Desde la entrada en vigor del Real Decreto, también trabajamos para denunciar las violaciones del derecho a la salud que sufren las personas en situación de prostitución.

Todos estos ejes de intervención se basan en un posicionamiento frente al fenómeno del intercambio comercial de servicios sexuales que nuestra organización ha tomado hace años. Médicos del Mundo define la prostitución como una relación de desigualdad de género basada en el rol tradicional de sumisión sexual de las mujeres y el de la explotación de los más débiles por los más poderosos, en la que una persona por motivos económicos, legales, sociales o culturales se ve obligada a prestar a otras determinados servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de contraprestación. Esta situación conlleva una clara exposición a la vulneración de los derechos humanos: denunciar y luchar contra estas vulneraciones es nuestro trabajo principal.

Los tres objetivos principales de nuestro proyecto son: que las PSP estén sensibilizadas en la defensa de sus derechos, en especial, el derecho a la salud; que las PSP estén formadas en materia de salud sexual y reproductiva; que los diferentes titulares de responsabilidades y obligaciones (es decir, la ciudadanía, las administraciones públicas, los medios de comunicación…) estén informados y sensibilizados sobre las situaciones de vulneraciones de derechos que viven las PSP. ¿Cómo lo hacemos?

Antes de todo, están nuestras “salidas”. Con este término nos referimos a las intervenciones que el voluntariado del grupo prostitución lleva a cabo en calle, clubes y, a veces, en pisos donde se ejerce la prostitución. Los equipos de calle son de dos tipos: a pié, como el grupo que va a zona centro (Jacinto Benavente, Montera, Desengaño, Ballesta…), o con la Unidad Móvil, que recorre las áreas un poco más alejadas como el Polígono de Villaverde, Casa de Campo, Parque del Oeste. Por el contrario, los equipos que se desplazan a los clubes siempre son a pié, como aquellos que varias veces han visitado algunos pisos. Sin embargo, la intervención sigue siendo la misma: acercarnos a las PSP para distribuir material preventivo (preservativos masculinos y femeninos, lubricante) e informativo (folletos sobre prevención de ITS, autodefensa de agresiones, violencia de género, abuso de substancias…).

No obstante, esta es sólo una pequeña parte de nuestro trabajo. “Regalar gomas” no es un fin, sino más bien un medio: el momento de la entrega se convierte en una ocasión para charlar, compartir experiencias, plantear problemas y pensar en alternativas, soluciones. Es una oportunidad para reflexionar sobre las potencialidades y las capacidades que cada persona tiene, concienciarse sobre los derechos que nos corresponden. Por lo tanto, el trabajo se amplia hasta el acceso al Sistema público de Salud, el empoderamiento y la autoestima, la recogida de testimonios de vulneraciones de derechos, la detección de situaciones de violencia de género y de trata de personas. Conseguir todo eso requiere actitud, formación, empatía y compromiso: la fuerza de nuestro equipo está en nuestra pluralidad de formaciones, personalidades y trayectorias.

Complementaria a la atención sociosanitaria está la labor para que las PSP se reconozcan como titulares de derechos y por lo tanto como agentes activos en su defensa. Lejos de querer crear dinámicas asistenciales o de pensar poder sustituir la voz de quien vive en primera persona esta  realidad, como Médicos del Mundo intentamos impulsar la participación y el protagonismo de las y los titulares de derechos. Hay que tener en cuenta que el mismo ámbito de la prostitución no los favorezca debido a muchos factores: el primero, la “doble vida” que muchas personas llevan puesto que nadie de su familia sabe que ejerce prostitución, o el rechazo a plantearse su situación como algo más allá de un recurso temporal. Sin embargo, el proyecto lleva años desarrollando actividades en este sentido.

La iniciativa más relevante es el curso de agentes de salud que cada año tiene lugar en nuestra sede. Las participantes son mujeres (incluidas las mujeres transexuales), principalmente extranjeras, en situación de prostitución que han sido localizadas como lideres naturales en su entorno y que han manifestado el interés a formarse en varios temas relacionados con su salud, entendida como bienestar físico, mental y social. En la mayoría de los casos, los y las ponentes son las mismas personas voluntarias de nuestra sede, quienes ponen a disposición su formación para dinamizar las clases: entre los temas tratados, está el acceso al SPS, el autocuidado, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y el acercamiento a la realidad de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

En el curso de agentes de salud de este año, que tiene lugar las primeras dos semanas de diciembre, se tratará también el tema de la ordenanza municipal que el Ayuntamiento de Madrid quiere aprobar en enero 2014. Porque si es cierto que las normas contenidas en ésta sancionarán únicamente quien solicite servicios sexuales en el espacio público (es decir, los clientes), asimismo es evidente que va a tener consecuencias también en las personas que los ofrecen. De hecho, este tipo de medidas sancionatorias cuando no estén acompañadas por políticas sociales que ofrezcan una alternativa real a las personas en situación de prostitución, acaban con tener efectos negativos y empeorar aún más sus condiciones.

El primer efecto que produce es aumentar la invisibilidad de las personas en situación de prostitución, que no pudiendo proponer sus servicios sexuales en lugares donde los clientes (y ellas) pueden ser identificados, se desplazarán a lugares cerrados (clubes, pisos, centros de masajes, saunas…) o a sitios más alejados y aislados. Tendrán entonces menos oportunidades de contactar con las organizaciones e instituciones que, como Médicos del Mundo, les apoya y les ofrece diferentes tipos de recursos; igualmente, las mismas entidades que se ocupan de detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual tendrán más dificultades para llegar a las víctimas. Además, la criminalización del cliente es probable que lleve a una disminución de las capacidades de negociar las condiciones de los servicios: la mayor competitividad podría provocar un descenso de los precios, una mayor propensión a aceptar relaciones sexuales sin preservativo y prácticas anteriormente no aceptadas. En síntesis, medidas exclusivamente represivas como aquellas contenidas en el borrador de la ordenanza sobre convivencia cívica y cohesión social del Ayuntamiento de Madrid, lejos de eliminar el fenómeno de la prostitución, se limita a invisibilizarlo  y aumenta la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en esta situación por razones económicas, sociales, legales o culturales sin tener una real alternativa.

Frente a este panorama, el voluntariado y el personal técnico de nuestra sede involucrados en el proyecto de atención sociosanitaria a las PSP estamos reflexionando sobre las acciones a tomar. Por un lado, seguiremos con el trabajo de información y sensibilización de los titulares de responsabilidades y obligaciones a través de la incidencia política, como ya hemos hecho en una reunión con el Ayuntamiento sobre la ordenanza municipal. Por otro lado, individuaremos junto a las y los titulares de derechos las actuaciones que se pueden llevar a cabo para limitar las consecuencias de las normas sancionatorias y elaboraremos una estrategia al respecto. En cualquier caso, como ya hemos hecho en el pasado, iremos adaptando nuestra intervención y nuestro proyecto a los cambios que surgen y surgirán para seguir luchando contra la exclusión social que sufren las personas en situación de prostitución y para que el derecho a la salud sea una realidad para todas y todos.