En Navarra se desconoce cómo se va a materializar la medida teniendo en cuenta que el veto a la asistencia sanitaria de los inmigrantes ilegales se limitará de forma negativa a los que se empadronen a partir del 30 de abril. Patricia Ruiz, de Médicos del Mundo, considera que es una «tomadura de pelo» el hecho de que, después de que la consejera socialista de Política Social tildara de «xenófoba» la medida estatal, en Navarra se vaya a negar, por ejemplo, la asistencia sanitaria a aquellas personas que lleguen por reagrupación familiar o que «sean seropositivas: ¿acaso no la vamos a atender por el hecho de que entren a partir del 30 de abril?». Recuerda también que las comunidades gobernadas por los socialistas (Cataluña, Andalucía, Canarias y País Vasco) han blindado la medida «sin condiciones». Destaca además que las bajas del padrón ya se están produciendo de forma automática cuando se conoce la situación de extranjeros que viajan a su país o que salen por motivos de trabajo a otras comunidades. En relación a la posible derivación a las ONG, señala que las entidades no realizan hasta ahora esta labor de «asistencia especializada», ni lo pueden ni deben hacer ya que es «abusivo e injusto» hacerse cargo de una persona seropositiva, con leucemia, creando otro sistema paralelo de «beneficiencia».
Desde la FAIN, Silvia Velásquez, defiende que la ley foral de salud habla de un «derecho universal» y que no se puede apelar al efecto llamada cuando «hablamos de necesidades médicas, porque la gente va allí donde puede trabajar».
Para Ana Ormaetxea, de Abiatze, que gestiona el programa de salud del Gobierno Foral facilitando el acceso de las mujeres prostitutas a los Centros de Atención a la Mujer, las personas con un diagnóstico de sida se derivan a Osasunbidea, aunque se trata de una minoría de las que se atienden. Reconoce que, dadas las particularidades laborales de las prostitutas, existe mucha movilidad «por la búsqueda de oportunidades trabajo ante el descenso de la demanda y el aumento de la oferta», y muchas de ellas no se empadronan, tengan o no papeles, por lo que no tienen la tarjeta sanitaria. Precisamente, la filosofía del programa cuando se inició en los años ochenta era «resolver» esa problemática -que ahora resurge- de acceso a las prestaciones sanitarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de este colectivo. Consideran además «una barbaridad» que se prive de prestaciones al que llegue». Abiatze atiende unas 500 personas cada año, y la mitad de ellas son nuevos casos.
Asun Roldán, de la Comisión AntiSida, subraya que, debido a los recortes, una persona que quiera hacerse de forma anónima la prueba sanguínea del sida no puede en este momento porque se exige tarjeta sanitaria y los resultados van «directos» al médico de cabecera. A juicio de este colectivo, no deberían establecerse diferencias en salud máxime en tratamientos que, de no cumplirse, «conllevan la muerte», y cuando, por otro lado, se están recortando los programas preventivos.
Para Beatriz Villahizán, de Sos Racismo, inquieta «saber si de aquí al 1 de septiembre se van a expedir o no nuevas tarjetas sanitarias». Duda además de las medidas que adoptará Navarra cuando el Estado decida que «se desactivan» las tarjetas sanitarias de las personas sin papeles. «Nuestro temor es que se vayan caducando esas tarjetas y, aquí también en Navarra, a los sin papeles no se renueve», admiten. Considera además «insuficiente» que se vete el derecho a los nuevos irregulares, y considera «perverso» delegar en las ONG el trabajo que debe asumir el Estado. Desde la asesoría jurídica Etorkin, Rafael Paredes advierte que habrá inmigrantes con papeles que entren a partir de mayo y que cuando pierdan el permiso de residencia por falta de trabajo queden como irregulares sin derecho a prestación sanitaria, o en el caso de que tengan que salir de Navarra por razones de trabajo.
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