Médicos del Mundo retó ayer a la consejera de Salud, Marta Vera, a ponerse en contacto con la organización si quiere conocer casos de inmigrantes irregulares a los que se ha negado atención en el sistema sanitario público. La titular del departamento, en referencia a las afirmaciones de algunas ONG y trabajadores sociales de centros de salud sobre la falta de atención a extranjeros, aseguró que esta información “no es cierta” y que “no se ajusta a lo que está ocurriendo”. “Si alguna persona ha tenido algún problema de asistencia en algún centro sanitario quiero saber quién es, en dónde y en qué circunstancias, porque desde el Servicio Navarro de Salud no se ha dado ninguna instrucción para que cualquier persona, inmigrante o no, no sea atendida en los centros sanitarios”, sentenció. “Tenemos casos y si quiere tener información sobre ellos que nos llame”, replicó Yolanda Rodríguez, de Médicos del Mundo.
La ONG, por otra parte, consideró “discriminatoria” y una forma de copago la decisión del Gobierno de costear con ayudas de Política Social la atención a inmigrantes sin recursos. “A las personas que no son inmigrantes no les financia la sanidad Política Social con ayudas, pues con estas personas debería ocurrir lo mismo”, explicó Rodríguez, quien añadió que la fórmula elegida por UPN, “precipitada, pero pensada”, supone un “repago sanitario”. En este sentido, recordó que los sin papeles ya contribuyen al sostenimiento del sistema sanitario a través de impuestos que gravan el consumo.
Rodríguez manifestó el temor de Médicos del Mundo a que la habilitación de ayudas a través del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo y Atención a la Inmigración suponga detraer recursos de la cooperación. “Han tomado esta decisión como respuesta a la presión social, pero han elegido hacerlo a través de Cooperación para que, si pierde recursos, la respuesta ciudadana sea menor”, argumentó.
Para Médicos del Mundo, el Gobierno foral vuelve a castigar a las personas más vulnerables. “Seguimos negando derechos. ¿Qué pasará con las personas que quedan fueran, con los que no tienen un año de empadronamiento o tienen antecedentes?”, dejó en el aire. Sobre el tope para tener acceso a la sanidad gratuita, 532 euros, cuestionó que inmigrantes que cobran 600 o incluso 700 euros puedan pagar lo que exige Salud, 764 euros anuales para las personas entre 18 y 64 años y 2.675 euros para las de más edad. “Es como un seguro privado. No lo van a poder pagar. Si dicen que el objetivo es evitar el efecto llamada, hay que destacar que este es inexistente”, reseñó.
Como protesta por las medidas, Médicos del Mundo montará un hospital de campaña el viernes a partir de las once de la mañana en la zona hospitalaria. Allí realizará atenciones de beneficencia simbólicas. La ONG llamó a la ciudadanía en general y a los inmigrantes en particular a acudir. Además, ha lanzado una campaña de respaldo a la objeción de conciencia del personal sanitario. A través de la web www. derechoacurar.org, quiere recabar apoyos y contribuir a la iniciativa de la SEMFYC de crear un registro de sanitarios objetores a la exclusión.
Por su parte, Beatriz Villahizan, de Sos Racismo, acusó al Gobierno de incumplir su promesa de mantener la asistencia a los empadronados hasta el 30 de abril. “Se jactaron de poner fecha, pero no se va a cumplir”, dijo. Además, juzgó “inviable” valorar los ingresos de los inmigrantes irregulares y “perverso” condicionar la atención a un año de empadronamiento y no tener antecedentes. “La salud es un derecho y no se puede supeditar a estos requisitos”. Por último y al igual que Médicos del Mundo, la representante de Sos Racismo criticó que las ayudas las habilite Política Social a través del Servicio de Cooperación. “¿No hay dinero para la renta básica y va a haber para esto? No van a aumentar los recursos, sino que nos van a obligar a competir”, alertó.
I-E, por su parte, negó que con el acuerdo se mantenga el actual nivel de atención a los inmigrantes. “Es escandaloso, discriminatorio e inhumano excluir del acceso gratuito a la atención sanitaria pública a las personas sin recursos económicos, que no acrediten un año de residencia o posean antecedentes penales. Este acuerdo es un bárbaro acto de inhumanidad y conduce a parte de la ciudadanía a la beneficencia”, censuró en un comunicado.
 

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