En el año 2013 la ONU declaró el 30 de julio como el “Día Internacional contra la Trata de Personas”. Es un día en el que se recuerda especialmente a las víctimas de todas las formas de trata de seres humanos: explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, mendicidad forzada, etc. y se recuerda a los Estados que deben poner todos los medios a su alcance para luchar contra estas “modernas” formas de esclavitud.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en su “Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2016” dice que un 70% de todas las víctimas de trata son mujeres y niñas, porcentaje que se eleva al 90% si hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual.

La trata de personas, mujeres y niñas en su mayoría, con fines de explotación sexual es una gravísima violación de derechos humanos y es una realidad que, además, está en expansión, debido a varios factores, entre ellos, la feminización de la pobreza, las migraciones y los movimientos de personas refugiadas, especialmente vulnerables, pero también debido a la lógica de mercado neoliberal, o como se comienza a denominar, del sistema “patriarcapitalista”, en el que todo se puede vender y comprar, incluidas las personas.

Precisamente por esta expansión del mercado de seres humanos, el lema de este año para el 30 de julio es “Asiste y protege a las víctimas de trata”, un llamamiento a los Estados para la detección, identificación y protección de las víctimas de trata.

Entre las más acuciantes necesidades de protección de las víctimas, está su derecho a un periodo amplio de tiempo de restablecimiento y reflexión en el que recuperarse sin presiones y decidir si denuncian o no a sus tratantes. Este tiempo debería ser un derecho reconocido en todos los Protocolos, Planes o Leyes de lucha contra la Trata, sin embargo, sabemos, que muchas víctimas, no pueden ejercerlo porque sólo se concede a aquellas que están en situación administrativa irregular, y porque muchas de ellas son objeto de detención y expulsión por su condición de irregularidad administrativa.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas desde la perspectiva de género, solicita a los Estados miembros que se garantice la seguridad de las víctimas, evitando su enjuiciamiento y posibles sanciones o penas, incluyendo a aquellas mujeres que ejerzan la prostitución, y que no se castigue la entrada o residencia irregular de las víctimas en los países de tránsito y/o destino.

Además, esta Resolución subraya que debe informarse sistemáticamente a todas las víctimas de trata de la posibilidad de beneficiarse de un periodo de reflexión y recuperación, y que dicho periodo debe concederse realmente y lamenta que en algunos Estados miembros estos derechos solo se hayan incorporado a las leyes sobre migración y que, por tanto, no se apliquen a todas las víctimas de la trata de seres humanos, sino únicamente a las que se encuentran en situación irregular, finalmente, recuerda que estos derechos se deben otorgar a todas las víctimas de la trata de personas.

En el Estado español, de hecho, la lucha contra la trata de personas está ligada a la Ley de Extranjería, y esto ha sido objeto de cuestionamiento por diversos organismos internacionales al Gobierno español, ya que se debería tener una única base legal para la identificación, derivación y asistencia de las víctimas de trata, independientemente de si se trata de víctimas extranjeras, o ciudadanas de países de la UE o del propio Estado español.

El Grupo de Personas Expertas en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) supervisa la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata, e hizo en el año 2015 una serie de recomendaciones al Estado español que incluían la revisión de las reglas y aplicación del periodo de restablecimiento y reflexión con el fin de asegurar que todas las víctimas de trata, no solo las extranjeras en situación irregular, son informadas de la posibilidad de disfrutar de este periodo y que este, además, se les ofrezca a todas sin que tengan que solicitarlo, ya que, en España, muy pocas víctimas lo solicitan y también se conceden muy pocos.

Reclamamos, como entidades implicadas en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual

  • que no se castigue la entrada o residencia irregular de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución y

  • que se ofrezca el periodo de restablecimiento y reflexión a todas las posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, con independencia de su situación administrativa

porque sólo así quedará plenamente garantizada la obligación de los Estados de asistir y proteger a las víctimas.

Instamos a que los gobiernos autonómicos y el gobierno estatal asuman las recomendaciones de la UE para avanzar en la lucha contra una de las más terribles violaciones de derechos humanos, que afecta millones de mujeres y niñas en todo el mundo y que, en ocasiones por la tibieza de las leyes, planes, protocolos, etc., tiene en España un destino preferente.

Si de verdad queremos avanzar en la erradicación de esta realidad debemos exigir la protección real de todas las víctimas y la implicación de las autoridades en esta.

Porque la trata no es una cuestión de extranjería, sino de Derechos Humanos, nos unimos al lema de este 30 de julio: “Asiste y protege a las víctimas”.

Firmado:

Médicos del Mundo Navarra

Asociación Itxaropen Gune- Lugar de Esperanza

Asociación Abiatze

Acción Contra la Trata

Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres de Navarra

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