La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo, ha denunciado en rueda de prensa que se cumplen 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Un Decreto y una reforma que no se justifica ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni económico, ni desde la salud pública, ni desde la ética médica. Un Decreto que sustituye la universalidad del Sistema Nacional de Salud por un modelo de aseguramiento.
Desde la entrada en vigor se ha dejado desprotegidas y sin tarjeta sanitaria en España a más de 873.000 personas, de las cuales más de 50.000 residen en Castilla- La Mancha, y los ataques del PP a la sanidad pública no han cesado en los últimos años.
El Gobierno está realizando una política de privatización y desmantelamiento de la Sanidad Pública, que no ofrece ningún beneficio ni en salud, ni supone un ahorro.
Por esta razón, varias CCAA han presentado recursos de inconstitucionalidad o simplemente no la han aplicado. La aplicación a nivel autonómico de este Real Decreto Ley es muy heterogénea e incrementa las inequidades entre las diferentes CCAA.
Además, el cambio de modelo que supone el Real Decreto Ley, es la introducción del copago farmacéutico, incluso en los fármacos de dispensación hospitalaria, dificultando el acceso a tratamientos de población en situación administrativa irregular y de población autóctona con bajos ingresos.
Otra de los efectos colaterales es la pérdida de oportunidades de que en el sistema sanitario se detecten casos de violencia de género (el 60% de ellos se detectan en el ámbito de la Atención Primaria).
En Castilla La Mancha, no se han desarrollado programas especiales de atención, ni siquiera se ha llegado a elaborar una propuesta que operativice la Orden Intervención Sanitaria en Situaciones de Riesgo, a pesar que el Ministerio de Sanidad insta a las Comunidades Autónomas a que elaboren los procedimientos oportunos para garantizar a todas las personas afectadas de una enfermedad que suponga un riesgo para la salud pública (VIH-SIDA..) reciba la atención sanitaria necesaria.
La Plataforma denuncia que el Real Decreto está teniendo unas consecuencias nefastas no sólo para la salud de toda la población que reside en España, sino también para la sostenibilidad del SNS y de los distintos Sistemas Regionales de Salud, y contribuye a acrecentar las desigualdades en salud en nuestro país.
Por todo ello, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo, SOLICITA la derogación inmediata del Real Decreto y la restitución de un sistema de asistencia universal, público, gratuito y de calidad para todas las personas residentes en España.
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