Hoy viernes 7 de marzo, hay una concentración a las 19h. en la Plaza de Zocodover de Toledo, para reivindicar el Derecho a Decidir

A continuación, puedes leer el manifiesto de la plataforma

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Mi decisión me hace libre; que nadie decida por nosotras

Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas del estado social y democrático de derecho que es nuestro país, sentimos que nuestra dignidad está siendo amenazada por la presentación y pretendida aprobación de la llamada  `Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada´ con la que el Gobierno de la Nación pretende restringir los derechos y libertades alcanzados por la mujer en más de 35 años de democracia.

Vivimos en un país democrático y aconfesional  que se rige por una serie de principios constitucionales y por eso consideramos que la presentación de este Proyecto de Ley por parte del  Ministro de Justicia constituye un atentado flagrante contra la capacidad de decisión de las mujeres en todo lo que afecta a la maternidad y, por lo tanto, contra la dignidad y la libertad de la mujer.

El borrador de la proyectada ley hace más hincapié en la interrupción del embarazo que en la educación afectiva y sexual de las jóvenes y en la propia asistencia sanitaria a la mujer. Se vuelve a desconfiar de la responsabilidad de la mujer, se penaliza su libertad a elegir libremente su maternidad y se tutela su capacidad de toma de decisiones. Por otra parte, se abandona económicamente a la mujer que decida abortar, ya que las medidas que recoge esta nueva norma son genéricas y, en ningún caso, de obligado cumplimiento por la administración.

La vigente Ley de Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo  es una ley equitativa, que como las que rigen mayoritariamente en los países de nuestro entorno europeo, establece un equilibrio entre las consideraciones propias de una ley de plazos y de una ley de supuestos despenalizados. Es una norma que no discrimina a la mujer por su situación económica o social, mientras que la nueva propuesta nos llevaría a tiempos pasados en los que solo podían abortar aquellas mujeres que tenían recursos económicos suficientes. Y es una norma que hace especial hincapié en la educación sexual como herramienta fundamental para la libre elección de la maternidad y la decisión responsable de interrumpir el propio embarazo.

El Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre la Ley de plazos, por lo tanto constituye una falacia argumentar que la vigente ley es inconstitucional.  Además, con la actual ley, se ha reducido el número de abortos en los últimos años y los que se han practicado lo han sido con un máximo de garantías sanitarias para las mujeres y de garantías jurídicas para los profesionales de la sanidad.

No existe demanda social real para una modificación legislativa restrictiva de los derechos y libertades de las mujeres. Ni se puede obligar a las mujeres a ser madres. Y, por tanto, exigimos la retirada inmediata del proyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada porque con ella estamos abocadas y abocados a un retroceso de 30 años en los logros conseguidos en derechos y libertades de la mujer en España

Nunca un gobierno debería legislar sobre cuestiones morales, sino sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

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