De nuevo os queremos presentar un nuevo caso de vulneración de derechos que ilustra otra de las razones por las que Médicos del Mundo se opone al injusto Real Decreto Ley que deja a los inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria.
Seguimos apelando a la conciencia de los médicos de todas las Comunidades Autónomas para que se declararen en contra de dicho Decreto y atiendan a todos los inmigrantes que lleguen a sus consultas, cumpliendo con su deontología profesional.
Patricia es una mujer colombiana de 40 años, que padece narcolepsia, un trastorno neurológico que consiste en accesos de somnolencia profunda durante el día. Patricia tuvo tarjeta sanitaria hasta el 1 de septiembre y durante el mes de agosto su vida consistió en un deambular por los centros de salud para solicitar una tarjeta para seguimiento médico. Acudió en primer lugar al de Marqués de Valdavia en Alcobendas, que es su propio centro de salud, y allí ni siquiera le proporcionaron las instrucciones que desarrollaban el proyecto de ley. De allí la enviaron al CISS, a continuación Cáritas, Cruz Roja, dispensario de San Antonio y así hasta llegar a Médicos del Mundo.
Su tratamiento con tarjeta sanitaria le costaba 56 euros y sin receta de la Seguridad Social le cuesta 200 euros. Y por si fuera poco el tratamiento le dura solamente 15 días.
Actualmente Patricia está a la espera de su permiso de residencia por matrimonio
La respuesta para la atención sanitaria a inmigrantes no es la beneficencia. La salud es un derecho del cual toda persona es titular y que debe ser garantizado por los Estados. El decreto sienta las bases para un sistema paralelo de “caridad” y el estado hace una dejación de sus obligaciones en la protección de la salud de las personas. Las ONG no deben ni van a sustituir al Estado.
LA SALUD ES UN DERECHO Y DEFENDERLA ES NUESTRO COMPROMISO.
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