Un equipo de nuestra organización acaba de regresar a España tras recoger testimonios de violaciones de derechos humanos en los campos de Djavata e Idomeni, en el contexto de la asistencia sanitaria que la organización viene prestando desde el comienzo de la crisis en el Mediterráneo. Las entrevistas se han realizado a personas procedentes de Siria e Irak, con la ayuda de intérpretes de árabe, y servirán para documentar los capítulos de violencia sufrida previamente a la llegada a Europa, que es lo que les convierte en potenciales refugiadas.
Nuestra red internacional presta asistencia sanitaria y realiza trabajo de denuncia en numerosos puntos de la ruta que recorren las personas refugiadas, desde dentro de Siria y los países periféricos a ésta (Líbano, Irak, Jordania) hasta Turquía, Grecia y otros países de la UE como Suecia, Alemania o Francia.
«Nosotros éramos como ustedes ayer», contaba a nuestro equipo E. F., una mujer siria de 34 años. «Teníamos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras vidas… y de un día para otro no teníamos nada y huíamos constantemente de un sitio a otro».
Las personas que se encuentran en estos campos en la actualidad han agotado sus capacidades económicas. Muchas cruzaron el Egeo de noche, cuando las «tarifas» de los traficantes son más baratas, como esta madre de cuatro hijos que espera reencontrarse con su marido, residente en Noruega.
A nuestra organización le preocupa que dos de los nuevos puntos de establecimiento de migrantes -junto al puerto de Tesalónica y en el campamento de Djavata- no sean accesibles a periodistas, lo que limita el escrutinio público sobre la situación de las estas personas.
Desde el comienzo de este proceso de movimiento de personas, estamos pidiendo que se establezcan vías legales y seguras para llegar a Europa. Tras las recientes declaraciones de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, afirmando que el acuerdo UE-Turquía está ya dando resultados en forma de un fuerte descenso del número de personas que cruzan de forma irregular el Egeo desde Turquía hasta Grecia, queremos hacer notar que estas declaraciones coinciden con noticias que dan cuenta del aumento del número de naufragios al sur de Italia, puesto que precisamente el cierre de fronteras en los Balcanes hace temer que un mayor número de personas intenten cruzar a Europa desde la costa libia. Un trayecto largo (de entre 300 a 500 km, según el destino sea Lampedusa o Sicilia) y peligroso, que probablemente implicará un incremento del número de muertes en los próximos meses.
El portavoz de la Comisión oculta además que los primeros días tras la entrada en vigor del acuerdo fue principalmente el mal tiempo el responsable de la disminución del número de llegadas a Europa.
En una reciente visita al campo de Idomeni, las presidencias de 8 delegaciones europeas de Médicos del Mundo denunciamos las deficientes condiciones de estancia de quienes allí se encuentran. En concreto, llaman la atención sobre los siguientes puntos:
– Los campos de refugiados/as de Grecia no cumplen las normativas internacionales. Además, viven en ellos un gran número de niños y niñas (un 40% del total de la población). Habitan un entorno inadaptado, con recursos sanitarios insuficientes, carencia de escuelas y de campañas de vacunación.
– Es imprescindible mejorar las condiciones de vida en los campos, incluyendo los «no oficiales», desde aumentar la calidad y cantidad de la alimentación que se ofrece a establecer lugares seguros para las mujeres.
– Las personas migrantes y refugiadas que se han instalado en el campo de Idomeni padecen además muchas otras formas violencia, puesto que a la incertidumbre sobre los próximos acontecimientos, la falta de información y los episodios de violencia cada día más frecuentes, se une la presencia de helicópteros y aviones de caza militares que sobrevuelan ocasionalmente el lugar a muy baja altura, causando un ruido ensordecedor, lo que ha vuelto a despertar en los más pequeños las pesadillas y el pánico que vivieron en su país de origen en guerra.
– Menores de edad, embarazadas, personas con diversidad funcional o con trastornos mentales están sufriendo especialmente lo precario de la situación.
Mantenemos las peticiones que ya planteó al inicio de la crisis, como la de la necesidad de apertura de vías seguras anteriormente citada. Además, debe garantizarse la protección de las personas tanto en el trayecto como en la acogida, especialmente para los grupos más vulnerables, como las mujeres que pueden ser sometidas a violencia sexual y de género o menores. En este sentido, deben ponerse en práctica medidas firmes contra las redes trata de personas. Reclamamos asimismo que Europa y España cumplan sus compromisos en materia de acogida, agilizando los trámites de recepción del cupo de personas comprometido y respetando los derechos humanos en la frontera sur. Además, se debe dar una respuesta justa y urgente a las más de 53.000 personas “atrapadas” en Grecia -según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM)- en condiciones lamentables.
Nos oponemos con toda firmeza al acuerdo UE-Turquía y a los centros de internamiento cerrados creados a partir de dicho acuerdo. La delegación griega de la organización ha decidido proseguir sus actividades de atención sanitaria de forma puntual en el campo de Moria, con el propósito de continuar apoyando a las personas que están retenidas, en particular a menores no acompañados, y de dar testimonio sobre su situación.
La ciudadanía de los países europeos, que ha pedido en numerosas ocasiones la protección de estas personas, quedó enormemente decepcionada al constatar que los dirigentes políticos no les han escuchado y que no han sido capaces de acordar un plan de acogida serio. En su lugar se eligió una no-solución: el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que no respeta los derechos fundamentales de quienes huyen de la guerra, la represión o la pobreza, obligándolos a permanecer en Turquía, un país no seguro. En España hemos podido ver como la generosidad y solidaridad de la ciudadanía ha superado con creces a la posición del Gobierno, que no ha atendido las propuestas de acogida que le han sido planteadas.