CONTEXTO 

En Cantabria, la tasa AROPE (personas en riesgo de pobreza y exclusión por sus siglas en inglés) se caracteriza por estar sujeta a una gran variabilidad, con importantes incrementos y descensos que, dependiendo del año, pueden llegar a los 5 puntos de diferencia. En 2023, asciende al 22 % que, en términos absolutos, son 129 000 residentes en Cantabria en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Esto supone un incremento de 2,5 puntos y unas 15 000 personas más respecto al año 2022, situándola como la segunda región donde más aumenta la pobreza en España. En comparación con el año 2015, designado año de control de la Agenda 2030, la tasa ha aumentado 1,6 puntos porcentuales, lo que términos de población supone cerca de 10 000 personas más en riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunidad Autónoma. 

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas de la Comunidad Autónoma de Cantabria se marcó un precedente importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Esta normativa, pionera en España al reconocer la prostitución, la trata y la explotación sexual como formas explícitas de violencia de género, otorga a las víctimas un marco de protección y atención integral que garantiza el restablecimiento de sus derechos humanos. Gracias a esta ley, se han establecido mecanismos de actuación y de protección jurídica, facilitando que las mujeres en situaciones de explotación sexual accedan a recursos y acompañamiento especializado que favorezca su recuperación y el restablecimiento de su autonomía. 

El 22 de marzo del 2023 entró en vigor la orden SAN/2/2023 por la que se regula el procedimiento para la solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras que encontrándose en la Comunidad Autónoma de Cantabria no tengan residencia legal en territorio español para recibir asistencia sanitaria en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria. La orden supone un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de acceso a la sanidad pública de las personas migrantes. 

NUESTRO TRABAJO EN 2024

En enero de 2023 Médicos del Mundo inicia su intervención en Cantabria con el objetivo de implementar el I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral dirigido a mujeres y niñas que se encuentren en contextos de prostitución, trata y/o explotación sexual, impulsado desde el Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de las Mujeres. 

Este plan tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. Para ello, busca facilitar y mejorar su acceso al sistema público de salud y a los servicios de acompañamiento especializados y de recuperación psicosocial, así como el acceso a la vivienda y al mercado laboral regulado en condiciones dignas. 

En este periodo, la unidad móvil ha realizado acercamientos a los espacios de prostitución, interviniendo en 38 pisos, 8 clubes y 2 zonas de calle por todo el territorio de Cantabria facilitando alternativas a las mujeres en situación de prostitución en sus procesos de integración y recuperación. Como resultado de esta intervención, 127 mujeres han iniciado un proceso de atención integral y acompañamiento social, jurídico, psicológico y laboral. 

En este contexto, se ha promovido la derivación al sistema público de salud de todas las mujeres atendidas, destacando que un total de 74 personas fueron derivadas al servicio de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario de Valdecilla de La Cagiga. 

En el año 2024 se han logrado 25 acreditaciones administrativas favorables que reconocen a las personas como posibles víctimas de trata y explotación sexual. Este proceso ha permitido ofrecer un marco de protección y apoyo legal, facilitando el acceso a derechos y recursos fundamentales. Además, se ha conseguido la renovación de cinco acreditaciones administrativas, lo que ha sido esencial para garantizar la continuidad de los derechos y recursos de las personas afectadas. 

Por otro lado, se han realizado 69 talleres de sensibilización y prevención de explotación sexual destinados a infancia y adolescencia del sistema de protección y 12 talleres de formación a profesionales.